Asalto al seminario de Barbastro (1933)

La disputa por la propiedad del ex convento de los Paúles se remontaba a 1912, cuando la minoría republicana en el ayuntamiento de Barbastro reclamó el inmueble para servicios municipales, argumentando que tras su desamortización en 1842 había pasado a ser propiedad del municipio. Sin embargo, el sector conservador y el obispado sostuvieron que, al albergar un seminario, no se había visto afectado por la desamortización y que su uso municipal previo era fruto de una mera concesión eclesiástica. Sin pruebas concluyentes de uno u otro lado, el asunto quedó sin resolver, pero la polémica contribuyó a conformar una identidad anticlerical entre los republicanos de la localidad.

Con la proclamación de la Segunda República en 1931, los gobiernos del primer bienio impulsaron una política educativa que favorecía la escuela pública, laica y gratuita. Dado que los municipios debían proporcionar espacios adecuados, el ayuntamiento de Barbastro, de mayoría republicana y con una importante representación del Partido Republicano Radial-Socialista, volvió a reclamar el edificio, considerándolo de utilidad pública. En 1933, tras la aprobación de la Ley de Confesiones y Congregaciones Religiosas, el consistorio retomó su iniciativa y exigió al obispado el desalojo del seminario, alegando la necesidad de ofrecer locales al Ministerio de Instrucción Pública antes de fin de año para obtener un instituto y una escuela de artes y oficios.

La negativa eclesiástica y la falta de respuesta gubernamental llevaron al ayuntamiento a tomar medidas en aplicación de la mencionada ley. El 3 de julio, en sesión extraordinaria, decidió retirar todas las ayudas municipales al seminario y conminó al obispado a desalojarlo. El 6 de julio, el alcalde intentó tomar posesión del inmueble con un notario, pero el rector del seminario se negó a entregarlo. Como acto simbólico, se colocó en la fachada un cartel que decía: «Pueblo: Respetad este edificio. Es vuestro», reforzando la idea de que pertenecía a la comunidad.

La tensión fue en aumento. Parte de la población veía en el edificio un símbolo de la resistencia de la Iglesia a someterse al poder civil republicano. La noche del 1 al 2 de agosto, la indignación popular estalló. Grupos de ciudadanos se concentraron frente al seminario y exigieron su entrega. Ante la negativa del rector y del obispo, la multitud enardecida forzó las puertas e irrumpió en el edificio. Aunque no se agredió a los clérigos, algunos relatos hablaban de destrozos y profanaciones en la capilla, mientras que otros sostenían que la ocupación no había sido violenta. Hacia las tres de la madrugada la alcaldía solicitó de la muchedumbre que abandonara el edificio, a lo que se negó alegando «que volverían los curas». Sólo obedecieron cuando el alcalde les aseguró que no había que temer, pues a partir de ese momento el ayuntamiento tomaba posesión del seminario para ponerlo a disposición del pueblo.

El episodio reflejó la fuerza de la identidad anticlerical en Barbastro. Para el ayuntamiento republicano y sus partidarios, el asalto constituyó la culminación de un proceso de recuperación de bienes comunales usurpados por la Iglesia. Representaba además la existencia de un sector socio-político de la población dotado de una identidad colectiva anticlerical clara y profunda que apoyaba en la calle, con acciones colectivas incluso violentas, la política laicista de sus representantes en el poder local. Para los sectores católicos, sin embargo, el asalto constituyó un ataque contra los derechos de la Iglesia y una muestra de la radicalización del conflicto en España.

El litigio continuó. En octubre de 1934, el tribunal contencioso-administrativo falló a favor del obispado, confirmando su derecho sobre el edificio. No obstante, en mayo de 1936, el Ministerio de Hacienda resolvió definitivamente la cuestión con el reconocimiento de la propiedad del edificio al ayuntamiento, con lo que se cerró el litigio en favor del poder civil. Tras la guerra, volvería de nuevo a manos del obispado.