Gran redada de gitanos

Durante la época moderna se implementaron diversas medidas para controlar y reprimir a los gitanos. Desde la pragmática de 1717, se había limitado su residencia a 41 ciudades, impidiendo su circulación fuera de ellas. Aunque de naturaleza restrictiva, esta última medida había facilitado su inserción en el tejido social, la relajación de algunas medidas restrictivas y la diminución de los discursos de odio. La llegada al gobierno del marqués de la Ensenada supuso un cambio de paradigma. Por la ley de 30 de octubre de 1745 se decretaba prisión para los nómadas y para aquellos elementos que más escandalizaban del mundo gitano como las prácticas mágicas y los rituales vinculados al matrimonio.

En sus puntos de gobierno se contemplaba la extinción de la raza gitana, sosteniendo que Dios se alegraría de la extinción de los gitanos por ser una “malvada raza” de gentes que “no tienen religión”. Para este proyecto contaba con el apoyo de la Iglesia católica y en especial del obispo de Oviedo y gobernador del Consejo de Castilla, Gaspar Vázquez Tablada, que diseñó con Ensenada el plan de exterminio. El nuncio en España, cardenal Silvio Valenti Gonzaga, logró de Benedicto XIV la autorización para excluir a los gitanos del refugio en sagrado, posibilitando que fueran detenidos incluso en el interior de las iglesias.

Entre 9.000 y 12.000 gitanos fueron arrestados entre julio y septiembre. En Aragón sólo había quince familias gitanas: 4 en Calatayud, 7 en Ejea y 6 en Zaragoza. La Real Casa de Misericordia de Zaragoza se convirtió en cárcel para las gitanas detenidas en Aragón, pero también aquellas de Málaga. Se construyó una galería exenta destinada exclusivamente para encerrarlas. Allí estuvieron en condiciones inhumanas, con poca higiene, sarna e incluso se las mantuvo semidesnudas para que no pudieran escapar de allí. Muchas de ellas consiguieron huir durante los siguientes años hasta que durante el reinado de Carlos V se puso fin a su cautiverio en 1765.