Inautación del convento de los franciscanos en Caspe (1932)

Tras la proclamación de la Segunda República en 1931, los gobiernos del primer bienio impulsaron la laicización del Estado y el desarrollo de una educación pública, gratuita y laica con objeto de reducir la influencia de la Iglesia en la vida pública del país, en general, y en la educación, en particular. La Constitución de 1931 estableció la separación entre la Iglesia y el Estado, prohibió la financiación pública de instituciones religiosas y remitió a una futura ley la prohibición de la actividad educativa de las órdenes religiosas. En consecuencia, los ayuntamientos republicanos ya no podían otorgar subvenciones a las órdenes religiosas encargadas de la educación y muchos trataron de recuperar bienes que consideraban de propiedad municipal, pero que estaban usufructuados por la Iglesia, con el objetivo de atender las necesidades educativas de la población.

El convento de San Agustín de Caspe era propiedad municipal desde el siglo XIX: en 1850 una Real Orden había otorgado ese inmueble al municipio para instalar allí escuelas, ayuntamiento u otros fines públicos​. Fue gestionado primero por los escolapios (Padres de San José de Calasanz), y cuando ellos renunciaron, el Ayuntamiento lo cedió en usufructo a los frailes franciscanos en 1889, con una cláusula de reversión al municipio si estos abandonaban la enseñanza o la localidad. Sin embargo, la cesión se había realizado sin la requerida aprobación del Gobierno central, lo que la hacía jurídicamente cuestionable. Según el Ayuntamiento, el edificio seguía perteneciendo al municipio y podía recuperarse en cualquier momento. En 1932, el consistorio republicano, presidido por el alcalde Agustín Cortés, decidió reclamar la propiedad del inmueble para poder ofertarlo al Ministerio de Instrucción Pública como sede para el centro de segunda enseñanza que este había concedido a la localidad. Las razones esgrimidas por el consistorio republicano de Caspe abundaban pues en el derecho de propiedad municipal, el cumplimiento de la nueva legalidad republicana y la necesidad social de mejora educativa en la localidad.

El 30 de julio de 1932, el alcalde interino José Latorre Blasco notificó oficialmente a la comunidad franciscana que debía abandonar el convento en un plazo de tres días. Los frailes se negaron a abandonarlo y solicitaron la presencia de un notario para que levantara acta del desalojo. Ante esta situación, el 3 de agosto de 1932, el alcalde, acompañado de una pareja de la Guardia Civil, se presentó en el convento para ejecutar la incautación, mientras los demás miembros de la Benemérita permanecían expectantes en el cuartel a la vista de la excitación que reinaba entre los sectores políticos derechista y radical-socialista.

La incautación del convento provocó una intensa movilización popular en Caspe. La misma tarde del 3 de agosto, hacia las ocho, se formaron dos manifestaciones simultáneas: una de protesta por la expulsión de los franciscanos, encabezada por fieles católicos y sectores conservadores, que coreaban consignas en apoyo a los franciscanos y exigían la restitución del convento a los frailes; la otra, en contramanifestación, integrada por sectores republicanos, radical-socialistas y obreros de tendencia anticlerical, que defendían la decisión municipal.  Se calcula que participaron unas 700 personas en total en ambas concentraciones. El enfrentamiento verbal entre ambos grupos fue creciendo, con insultos mutuos, vivas y mueras a los frailes y momentos de gran tensión, lo que obligó a intervenir a la Guardia Civil para restablecer la normalidad. La operación se saldó con la detención de cinco manifestantes.

La Iglesia católica reaccionó con indignación. La jerarquía eclesiástica consideraba abusiva la medida, si bien en público actuó con prudencia. Quienes alzaron más la voz fueron los medios de comunicación católicos, tanto en Aragón como en provincias limítrofes. La prensa católica, en especial El Noticiero, publicó artículos en los que criticaba al Ayuntamiento y alertaba sobre la supuesta persecución religiosa que sufrían las órdenes religiosas bajo el régimen republicano. Afirmaciones como estas se habían instalado en el discurso católico desde que José Mª Gil Robles anunció una campaña por la revisión del contenido laicista de la Constitución tras la aprobación de su artículo 26. La movilización católica iría in crecendo a lo largo de la primera mitad del año 1932, a medida que se iba aprobando e implementando la legislación laicista de la República, especialmente en materia educativa.

Sin embargo, el gobernador civil de Zaragoza, Enrique Álvarez Ugena, respaldó la legalidad de la incautación y la actuación del Ayuntamiento. Asimismo, emitió una nota oficial, afirmando que la medida se ajustaba a derecho y puntualizando algunos extremos de las informaciones del diario católico. Finalmente, el 11 de noviembre de 1932 se inauguró el instituto de segunda enseñanza de Caspe “Joaquín Costa”, con presencia en el acto de autoridades civiles y eclesiásticas.