El injusto proceso contra los judíos de Huesca por las hostias robadas en 1377

Como se ha indicado en el resumen, el drama arranca con un rumor que circuló por la comarca de Huesca a finales de 1377, en el sentido de que habían sido robadas cinco hostias en la iglesia de Tardienta. La acusación recayó sobre Ramón Raffart, probablemente un catalán, que había cometido algunos hurtos en la zona. El infante Juan, duque de Girona, llegó a Huesca el 22 de noviembre y decidió lanzar una investigación sobre este asunto, sin duda con la finalidad de acaparar cuotas de autoridad frente a su padre, Pedro IV el Ceremonioso, con el que mantenía una relación tensa. Los consejeros del príncipe le indujeron a apropiarse de este proceso judicial para demostrar su capacidad de ejercer la justicia al más alto nivel. En consecuencia, el desdichado Raffart fue torturado hasta que confesó que había vendido las hostias a tres judíos de Huesca, Haim Andalet, sastre, y Jaffuda y Manasem Abinabez. El primero consiguió huir, pero los otros dos fueron sometidos a brutales tormentos y acusaron a otros judíos, en particular a miembros de la familia Quatorze, de haber profanado las hostias. Sin muchos más trámites, el infante condenó al cristiano a ser descuartizado y a los judíos a morir quemados. Las ejecuciones tuvieron lugar antes del 7 de diciembre, cuando Juan lo comunicó a su padre antes de viajar a Zaragoza, desde donde ordenó apresar a Salomón y Açach Quatorze y otros judíos oscenses refugiados en Teruel. Todo ello, a pesar de que tanto Raffart como los Abinabez proclamaron en el patíbulo su inocencia y afirmaron que sus imputaciones eran resultado de las torturas que habían sufrido.

Durante los meses de diciembre y enero, el rey y el infante se intercambiaron varias cartas, en las que Pedro advertía a su hijo de que este tipo de acusaciones habían demostrado ser falsas en otras ocasiones y le dejaba caer que no debía ser tan crédulo. El infante Juan, por su parte, reunió a principios de 1378 a un consejo en la capital del reino en el que figuraban el arzobispo de Zaragoza, el obispo de Tarazona, el Justicia de Aragón y un buen número de notables para llevar a juicio a los judíos supuestos profanadores de las hostias. Esta vez les concedió el derecho a defenderse, pero también fueron sometidos a tormento. Seguramente con el objetivo de desmontar esta farsa, Pedro IV nombró al noble Lope de Gurrea y al jurista zaragozano Miguel de Capiella como asesores de su hijo y para atarle sus veleidades judiciales. A lo largo del mes de marzo, el consejo volvió a reunirse, pero otro tipo de problemas –como la proyectada expedición real a Cerdeña– distrajeron la atención del infante y de sus consejeros y en el transcurso de abril o principios de mayo el proceso fue sobreseído y los judíos presos fueron liberados.

Este acontecimiento ilumina algunos aspectos importantes de la compleja relación entre la sociedad cristiana y las comunidades judías encastradas en ella a finales del siglo XIV. Por una parte, un difuso pero potente antisemitismo de fondo que permitía que cargos de este tipo surgieran de vez en cuando, con consecuencias nefastas para las aljamas judías. Una intransigencia religiosa que no era en absoluto nueva, pero que se agravó en este periodo. Estos prejuicios contra los hebreos, sin embargo, no eran tan ofuscantes como para no percibir los intereses que subyacían tras ellos. Así, en Zaragoza hubo también un rumor en el sentido de que el infante quería llegar a un acuerdo con la aljama para que le ofreciese dinero a cambio de cerrar el proceso. El mismo Pedro IV estaba convencido de que el asunto era, en realidad, un problema político con su hijo y no una cuestión de celo religioso. Por otra, muestra la dependencia de las comunidades judías de la protección del rey y, en general, de los aparatos estatales, que no se podía dar por descontada y manifestaba fallos como el que tuvo lugar en 1377. Por último, el proceso de las hostias pone de relieve el amplio desprecio de las convenciones legales y jurídicas aragonesas –que, por ejemplo, prohibían la tortura judicial– que era posible llevar a cabo cuando se trataba de una minoría como la judía, sometida a una segregación y una dominación muy severas.