Reprimidos por blasfemar en la Guerra civil

Durante la Segunda República, se desarrolló una legislación laica, que implicaba la secularización de los rituales de paso, la institucionalización del divorcio, la educación laica y la libertad religiosa. Este marco legal fue percibido como una agresión al catolicismo.  El tono hostil de algunos republicanos, los episodios de violencia anticlerical en algunas regiones de España, así como algunas medidas difícilmente justificables en un marco constitucional como la supresión de los jesuitas contribuyeron a reforzar esta visión negativa. Sin embargo, el marco de libertad de creencias posibilitó que otras personas –protestantes, judíos, etc.– pudieran desarrollar sus cultos sin ser molestados y que ateos y ateas pudieran expresarse sin temor a ninguna represalia.

El golpe de Estado de 1936 acabó con todas las garantías constitucionales, procesales y penales, las personas fueron condenadas por leyes que no existían en el momento de los hechos y responsabilizadas de “delitos” que habían cometido sus familiares. Este es el caso de la Ley de responsabilidades políticas de 1939 por la cual se incautaban bienes y sancionaban no sólo a los responsables de los actos, sino también, en ausencia de los mismos por exilio o ejecución, se castigaba a sus familias.

Este sería el caso del matrimonio de Sebastián Rodríguez Rodríguez y Ana Martínez Gracia que vivían en Salillas de Jalón.  El primero fue ejecutado el 27 de septiembre de 1936 en Salillas de Jalón y se le condenó a pagar además una multa de 50.000 y según las autoridades franquistas firmó un donativo de 100.000 pesetas antes de ser fusilado. La persecución económica estaba motivada porque el matrimonio tenía una situación desahogada con diversas posesiones en Salillas de Jalón, Fuendejalón y Zaragoza. Los motivos que adujeron para su condena fueron haber financiado un casino republicano, su ateísmo y haber organizado la defensa del pueblo contra el golpe de Estado.

Su mujer, Ana Martínez, que se había refugiado en Zaragoza, fue delatada por el capitán de infantería Nicolás Adrados Beano “por organizadora de bautizos, procesiones y manifestaciones laicas, en dicho pueblo de Salillas, y otros hechos, de los que pueden dar fe en la localidad”. En el informe emitido se habla de que Ana Martínez Gracia, “hacía gala de su ateísmo, llegando al ridículo de organizar bautizos laicos que consistían en cubrir al infante con la Bandera republicana, dándole una vuelta por el pueblo, y yendo la madrina tocada con un gorro frigio. También organizó matrimonios ateos”. Se mencionaba también que el día del Corpus al paso de la procesión por su casa “puso en el gramófono la Marsellesa y el himno de Riego y por instigación de la misma, la procesión fue disuelta entre blasfemias por los elementos izquierdistas del pueblo”. Sin embargo, el proceso no llegó a más porque ya habían sido sancionados por la Comisión provincial de incautaciones.