Caspe

El 3 de agosto de 1932, el Ayuntamiento de Caspe ejecutó la incautación del convento de San Agustín, usufructuado por los franciscanos, alegando que el edificio era propiedad municipal y debía destinarse a la instalación de un instituto de segunda enseñanza de carácter laico. Los frailes, que ocupaban el inmueble desde 1889, se opusieron, por lo que el alcalde requirió el auxilio de la Guardia Civil para hacer efectiva la orden. El desalojo provocó una gran división en la población, como reflejaron las dos manifestaciones simultáneas que se produjeron aquella misma tarde: una de protesta, con fieles católicos y conservadores que expresaron su rechazo a la medida; y otra, de apoyo a la decisión del ayuntamiento, protagonizada por republicanos y sectores anticlericales. La tensión fue en aumento hasta el punto que requirió la intervención de la Guardia Civil para restablecer la calma.