Cautiverio, desarraigo y supervivencia de la aljama mudéjar de Deza

La legislación vigente en la Baja Edad Media contemplaba la posibilidad de que, en caso de guerra lícita, los bandos enfrentados hicieran prisioneros en territorio enemigo, pero distinguía con claridad el trato que podía dispensarse a los cautivos en función de la comunidad religiosa a la que pertenecían. Así, el destino prescrito por la ley para las personas de religión cristiana solía ser la libertad, previo pago de un rescate más o menos cuantioso, en función del estatus y la riqueza de cada prisionero.Sin embargo, para las personas que pertenecían a alguna de las comunidades religiosas minoritarias (la musulmana y la judía) existía una amenaza mayor, pues la ley incluía a estas personas en la categoría de botín y otorgaba a sus captores su plena propiedad, reduciéndolas, así, a la esclavitud. Lógicamente, no todas las acciones de apropiación de botín eran consideradas igualmente lícitas y, a menudo, existían controversias en torno a la legitimidad que respaldaba a quienes cometían este tipo de actos. Para discernirlas apropiaciones legítimas de aquellas que no lo eran, durante la Plena Edad Media se difundió la denominación de buena guerra, una categoría jurídica que aseguraba que el botín había sido capturado en el contexto de un conflicto legalmente declarado y, al mismo tiempo, confirmaba que sus captores habían cumplido con las obligaciones tributarias impuestas sobre los bienes en cuestión. Las personas de religión judía o musulmana que resultaban apresadas en tales conflictos y eran reducidas a esclavitud constituían un tipo de bien especialmente valioso, de ahí que las autoridades prestaran especial atención a las condiciones de su captura y al cumplimiento de las obligaciones fiscales de sus captores. En líneas generales, este criterio pervivió durante la Baja Edad Media, como acreditan las explicaciones vertidas al respecto porFrancesc Eiximenis en los capítulos 341-347 del Dotzè del Crestià (1385-1392).

Por estos motivos, la captura de personas musulmanas y judías, especialmente si eran jóvenes y se encontraban en buenas condiciones físicas, era un objetivo prioritario para los hombres de armas, ya que los esclavos eran un tipo de mercancía muy valioso, del que podía llegar a obtenerse un suculento beneficio económico. De hecho, las pautas observadas en las guerras que enfrentaron a las monarquías de los territorios peninsulares en la Baja Edad Media permiten afirmar que la captura y venta posterior de musulmanes y judíos era una práctica habitual.

Los hechos se inscriben en la guerra que enfrentó a las Coronas de Castilla y Aragón entre 1429 y 1430. En el verano de 1429, después de haberse confirmado la ruptura de las hostilidades, Juan II de Castilla y Álvaro de Luna, por una parte, y Alfonso V deAragón y Juan deNavarra, por otra, estuvieron a punto de librar una batalla campal, que fue evitada gracias a la mediación de María de Castilla (reina consorte de la Corona de Aragón) y Leonor de Alburquerque (reina viuda). En este contexto, ante la amenaza de una posible invasión a través del valle del Jalón, el monarca aragonés lanzó una contundente ofensiva contra las fortalezas castellanas situadas en la cuenca alta de este río, en su margen izquierda, con el objetivo de neutralizarlas y apartarlas del control de su enemigo. La operación fue preparada con detenimiento y contó con un elevado número de efectivos, que, tan solo en hombres a caballo, se ha estimado en torno a 2.500 combatientes, procedentes de todos los territorios de la Corona de Aragón. Su acción se centró en las localidades de Vozmediano, Ciria, Borobia, Serón, Cihuela y Deza, cuyas fortalezas fueron ocupadas por las fuerzas aragonesas, que pasaron a controlar prácticamente todo el alto Jalón hasta 1436 y consiguieron disuadir al ejército castellano de sus intenciones de avanzar en este frente.

La estrategia de neutralización de las fortalezas castellanas no solo implicó la apropiación de estos enclaves por el ejército aragonés, sino que conllevó también un uso extensivo de la violencia sobre los habitantes de los lugares ocupados. En efecto, para inhabilitar por completo las fortificaciones en liza y mantenerlas bajo control mientras durase el conflicto, iba a ser necesario anular cualquier apoyo que el rey de Castilla pudiera encontrar sobre el terreno. Por este motivo, la población fronteriza se convirtió en un objetivo militar y la operación aragonesa se saldó con un alto número de cautivos de guerra, apresados preferentemente entre las comunidades mudéjares. En tales circunstancias, la villa de Deza sufrió especialmente las consecuencias de la campaña, puesto que en ella existía una importante aljama, cuyos miembros fueron capturados de manera sistemática por los combatientes al servicio del rey de Aragón.

Algunos cronistas repararon en el enorme impacto de estos hechos sobre el escenario local y dieron cuenta del saqueo de la villa y la captura de los mudéjares que vivían en ella. Sin embargo, las fuentes notariales y administrativas permiten desvelar la motivación estratégica subyacente al ataque perpetrado contra la localidad y, asimismo, conocer la peripecia de sesenta y una de las víctimas. En particular, se ha constatado que las personas capturadas fueron asimiladas al concepto de botín, en virtud de la categoría jurídica denominada de buena guerra, para ser vendidas posteriormente en el mercado de esclavos. En medio de esta coyuntura, algunas personas intervinieron para facilitar la recuperación de la libertad por parte de las víctimas, unas veces comprándolas directamente a sus propietarios y, otras, actuando como mediadoras para evitar que fueran comercializadas en lugares lejanos. Entre ellas, destaca María de Castilla, reina consorte de la Corona de Aragón, quien intercedió para que algunos de estos cautivos fueran vendidos en Zaragoza a mercaderes de esta ciudad. Asimismo, miembros de varias aljamas aragonesas (Borja, Illueca, Sobradiel, Vera de Moncayo, Zaragoza)y catalanas (Tortosa) actuaron, individual o colectivamente, para comprar a sus correligionarios procedentes de Deza, mediante contratos cuyo objetivo era la redención de las personas esclavizadas.