Expulsión de los moriscos en 1610

La expulsión de los moriscos de España fue objeto de debate entre teólogos y políticos durante varias décadas. Teniendo como precedente la deportación de los granadinos tras la rebelión de las Alpujarras en 1570, la consideración del destierro generalizado como única solución posible a la llamada cuestión morisca se planteó por primera vez en la Junta de Lisboa de 1582.  Sin embargo, en ese momento, la medida no se llevó a cabo. Por una parte, aún se tenían esperanzas en la cristianización de los moriscos a través de campañas de evangelización. Por otra, el contexto internacional no era propicio para esta medida. Estas circunstancias habían desaparecido a principios del siglo XVII, cuando la frustración por los escasos avances en la evangelización fue paralela a una coyuntura de paz y calma en Europa.

La decisión de la expulsión respondió al clima ideológico y político de la época. Es el momento en que se consolidan los postulados contrarreformistas, cuando el aumento del poder de los monarcas les permitía ya contar con la estructura administrativa necesaria para llevar a cabo una empresa de tal calibre y en el que se extiende la identificación del morisco como cabeza de turco en un momento de progresiva decadencia política, tanto interna como externa, y de crisis económica. En el contexto de repliegue internacional de la Monarquía Hispánica, la expulsión de los moriscos fue empleada propagandísticamente por la Corona como una suerte de victoria militar de marcado cariz religioso que permitía presentar a Felipe III como adalid de la causa católica tras la humillación de la Tregua de los Doce Años (firmada el 9 de abril de 1609) ante los protestantes holandeses. Por ello, la decisión se justificó legalmente como una condena colectiva a todos los moriscos de España en tanto que perpetradores de un crimen de lesa majestad divina, como enemigos de la religión católica y de Dios, y de lesa majestad humana, en tanto que traidores a la Corona.

La expulsión de los moriscos se planificó en diferentes fases dividiendo los tiempos del proceso entre los diferentes reinos de la Monarquía. Aunque la decisión estaba prácticamente tomada en 1608, no fue hasta el 22 de septiembre de 1609 que se hizo público el decreto de expulsión de los moriscos valencianos, los primeros en ser deportados. A los aragoneses no les llegaría el turno hasta  mayo de 1610, cuando ya habían salido también los castellanos y los andaluces. El edicto de expulsión se hizo público en Zaragoza el 29 de ese mes y, a diferencia de los demás reinos peninsulares, no iba firmado por el Felipe III, sino por el virrey. Entre junio y agosto de 1610 salieron de Aragón unas 60.000 personas. De ellas, en torno a 20.000 cruzaron la frontera por tierra a través de los puertos pirenaicos de Roncesvalles (Navarra) y Canfranc (Huesca), mientras que la mayoría, los restantes 40.000, fueron embarcados en el puerto tarraconense de Los Alfaques (hoy San Carlos de la Rápita).

Como consecuencia de la deportación, el reino de Aragón perdió en torno al 20% de su población. Esto tuvo repercusiones sumamente negativas poblacional y económicamente. Algunos pueblos quedaron totalmente despoblados y comarcas enteras sufrieron enormes pérdidas demográficas. Por su parte, la mayoría de los expulsados aragoneses recalaron en el norte de África, principalmente en Túnez, donde, en connivencia con las autoridades otomanas, fundaron nuevas localidades y conservaron durante un tiempo los vínculos comunitarios que habían tenido en España.