Los Morlans: víctimas de la cruzada contra los evangélicos

La comunidad protestante española, minoritaria y arraigada sobre todo en núcleos urbanos y algunas zonas rurales del norte peninsular, había experimentado un cierto crecimiento desde finales del siglo XIX gracias a la labor misionera y pedagógica de iglesias como la Evangélica Española o la Misión Francesa. En regiones como Aragón, y particularmente en Jaca, estas iglesias se habían implantado con cierta fuerza social, educativa y simbólica. La iglesia evangélica de Jaca, vinculada a la Misión Francesa del Alto Aragón, mantenía desde principios del siglo XX un templo y una escuela protestante, actuando como núcleo espiritual y cultural de una pequeña pero activa comunidad disidente tanto religiosa como, en muchos casos, ideológicamente cercana al republicanismo y al reformismo social.

La Segunda República (1931-1936) trajo un marco legal más favorable para las confesiones no católicas, que aprovecharon para consolidarse y ganar visibilidad. Sin embargo, esta breve etapa de tolerancia se vio brutalmente interrumpida con el golpe de Estado del 18 de julio de 1936 y el inicio de la Guerra Civil. El bando sublevado, legitimado por la jerarquía católica, consideró enemigos no solo a los militantes de izquierda, sino también a toda forma de religiosidad no católica. En este contexto, los protestantes fueron objeto de una represión doble: por sus creencias y por sus vínculos, reales o supuestos, con la República.

En Jaca, el fusilamiento de los hermanos Antonio y Pablo Morlans Abadía cuando contaban con 23 y 20 años respectivamente, miembros activos de la Iglesia Evangélica Reformada Española y vinculados a Izquierda Republicana, fue uno de los primeros golpes represivos. Con ellos, se quebraba el pilar social que sostenía la comunidad evangélica local. El cierre de la iglesia y de las escuelas, la muerte del pastor Salvador Ramírez en 1937 y el desplazamiento forzoso de muchas familias hacia Zaragoza, buscando el anonimato y la supervivencia, ejemplifican el proceso represivo que se llevó a cabo en numerosas localidades del país.

Durante el franquismo, los protestantes quedaron relegados a la semiclandestinidad. Aunque no fueron ilegalizados formalmente tras la guerra, vivieron décadas de vigilancia, discriminación legal, exclusión del sistema educativo y laboral, y hostigamiento policial. El culto protestante fue confinado al ámbito doméstico, y cualquier manifestación pública fue interpretada como una amenaza a la unidad espiritual de la nación. Solo a partir de los años 60, con el aperturismo del régimen y la influencia internacional, se inició un tímido reconocimiento legal, consolidado tras la Constitución de 1978. La historia de la represión contra los evangélicos, como la de otras disidencias religiosas y políticas, sigue siendo una memoria incompleta, que requiere ser visibilizada y contextualizada dentro de la historia de la intolerancia en España.