Resistencia y represión de los hermanos de Plymouth

El régimen franquista, instaurado tras la Guerra Civil española, articuló su legitimidad en torno a un nacionalcatolicismo excluyente, que identificaba la identidad española con el catolicismo y relegaba a la clandestinidad cualquier otra confesión. En este marco, las iglesias evangélicas, como la Asamblea de Hermanos, fueron consideradas una amenaza para la unidad religiosa del Estado, y objeto de represión administrativa, social y policial.

Con el nombre de “Asambleas de Hermanos” se agrupan aquellas iglesias vinculadas al Movimiento de Renovación surgido en 1825 en Plymouth (Inglaterra) y extendido a otros países europeos. Este movimiento reunió a cristianos procedentes de distintas tradiciones reformadas que compartían una serie de prácticas religiosas comunes, entre las que destacaban la celebración semanal de la Cena del Señor, el estudio colectivo de la Biblia, la labor evangelizadora y una forma de organización eclesial basada en el liderazgo de un Consejo de Ancianos o Pastores. En España, su presencia fue muy limitada durante el siglo XIX, pero desde los años 30 y, especialmente durante los 40, se empezaron a organizar en núcleos urbanos como Zaragoza. En este caso, la comunidad zaragozana logró establecerse en un inmueble de la calle Alemania 11, donde comenzaron a celebrar cultos. La comunidad creció lo suficiente como para hacerse visible a las autoridades eclesiásticas, que denunciaron su actividad. Esta denuncia motivó al Gobernador Civil de Zaragoza a prohibir sus actividades religiosas, en línea con una política sistemática del régimen que buscaba eliminar cualquier expresión pública de religiosidad no católica.

Ante esta situación, el pastor y los fieles intentaron sortear la prohibición recurriendo a una estrategia legal: escrituraron el inmueble a nombre de una empresa británica, la Continental Company. Este recurso pretendía dotar al local de una apariencia de propiedad extranjera, con la esperanza de que las autoridades evitaran intervenir por miedo a tensar las relaciones con el Reino Unido. No obstante, aunque lograron evitar el cierre del local, esta maniobra no detuvo la represión: el pastor y algunos fieles fueron citados en la comisaría de policía para ser interrogados.

La vigilancia y el hostigamiento por parte de las autoridades no supusieron el fin de la comunidad, que persistió en su actividad religiosa, aunque limitada, a menudo reuniéndose en domicilios privados y manteniendo un perfil bajo. Los conflictos continuaron en la década de los cincuenta y los sesenta en relación a los intentos de apertura de nuevos lugares de culto como, por ejemplo, la Casa 24 de la Avenida del Carmen o el local de la calle Francisco Cidón. Como en otros casos de minorías religiosas bajo el franquismo, la represión no logró borrar completamente sus prácticas ni su fe, que sobrevivieron gracias a una mezcla de tenacidad comunitaria, apoyo externo y estrategias de camuflaje legal.

Este episodio refleja cómo la represión franquista sobre los grupos religiosos no católicos fue tanto ideológica como práctica. Las medidas de control, vigilancia y disuasión se aplicaron incluso a comunidades pequeñas como la Asamblea de Hermanos, que solo aspiraban a reunirse y practicar su fe. A pesar del hostigamiento, esta comunidad logró resistir durante años gracias a su capacidad para adaptarse al contexto represivo sin renunciar a su identidad religiosa.