Zaragoza

En 1943, Isaías González, pastor de la Iglesia Cristiana Adventista del Séptimo Día en Zaragoza, fue detenido por las autoridades franquistas, acusado de realizar propaganda ilegal en el marco de la Ley de Seguridad del Estado. Su caso fue llevado ante un consejo de guerra, aunque finalmente fue sobreseído por el capitán general, quien optó por imponerle una multa de 100 pesetas. A pesar de no ingresar en prisión, González quedó sometido a vigilancia constante por parte de la policía. Este control no le impidió continuar con su labor pastoral ni frenar la reorganización de la comunidad adventista en Zaragoza. En 1945, junto a una veintena de creyentes, fundó la Sociedad del Esfuerzo Cristiano, una organización que permitió a los evangélicos practicar su fe en la clandestinidad, compartir recursos y mantener el vínculo comunitario. El caso de González refleja la capacidad de resistencia y adaptación del protestantismo bajo la represión franquista, en un contexto donde el catolicismo era la única confesión permitida oficialmente y donde cualquier expresión religiosa disidente era perseguida.

Durante la década de 1940, la Asamblea de Hermanos, una confesión evangélica establecida en Zaragoza, enfrentó la represión del régimen franquista. Tras adquirir un local en la calle Alemania, 11, para celebrar sus cultos, fueron denunciados por miembros de la Jerarquía católica, lo que llevó al Gobernador Civil a prohibir sus reuniones religiosas. A pesar de la prohibición, el pastor y su congregación continuaron con sus actividades, escriturando el local a nombre de una compañía inglesa, la Continental Company, en un intento por evitar la clausura. Sin embargo, esta estrategia no impidió que tanto el pastor como algunos fieles fueran citados en la comisaría de policía, evidenciando la vigilancia y presión constante ejercida por las autoridades. Esta situación continuó durante la década de los cincuenta y del sesenta, siendo un fiel reflejo de la represión sufrida por las minorías religiosas en España durante el franquismo y la resistencia de estas comunidades frente a las restricciones impuestas.

Benjamín Heras llegó en 1933 a Zaragoza como nuevo pastor de la Iglesia Evangélica Española, dando un nuevo impulso a una comunidad que comenzaba a consolidarse bajo el marco legal republicano. Esta etapa se truncó bruscamente tras el golpe de Estado de 1936. El 18 de agosto, fue detenido, la iglesia asaltada y su mobiliario requisado y trasladado a la iglesia de San Pablo. Heras logró salvar la vida gracias a la intervención de un ciudadano alemán afín a los sublevados y se refugió en Jaca. Desde allí, adoptó la tapadera de agente comercial, que le permitió desplazarse sin levantar sospechas y mantener el contacto entre creyentes dispersos por la persecución, especialmente en Jaca, Barbastro y Monzón. Contó con el apoyo económico de la Misión Francesa y organizó reuniones clandestinas en Zaragoza, donde se habían refugiado algunas familias evangélicas, como la del pastor Salvador Ramírez o el maestro José García. Heras fue una figura clave para sostener el protestantismo aragonés durante el primer franquismo.

Al llegar el verano, el ambiente anticlerical de abril de 1835 [CONECTAR CON HIPERVINCULO CON LA FICHA 27] no se había extinguido. Tras la represión de un movimiento republicano que llegó al cadalso al teniente Blas Pover se produjo un motín de signo contrario que desató toda su violencia contra elementos clericales. A la salida de misa, el 5 de julio, fue asesinado un empleado de correos, Juan Ortiz de Urbina. Por la tarde el orden se alteró y un grupo de milicianos urbanos y paisanos asaltaron el convento de Santo Domingo, matando a un fraile y saqueando el convento antes de prender fuego al edificio. Otro grupo asaltó el convento de San Agustín y asesinaron a cinco frailes. Finalmente se produjo el asalto del convento de San Lázaro, al otro lado del Ebro donde perdieron la vida tres frailes y un seglar, ayudante de cocina, y el del colegio de la Trinidad, donde murió un fraile.

En el contexto de la Regencia de María Cristina y con la guerra carlista de fondo, un batallón de milicianos se sublevó en Zaragoza el 3 de abril de 1835 poniendo al arzobispo en el punto de mira. Frustrado el asalto al palacio episcopal la violencia se extendió por la ciudad produciéndose algunos asesinatos y el asalto a varios conventos. Mataron en la calle del Cisne, junto a la Seo, al canónigo D. José Antonio Marco que salía del palacio arzobispal. El presbítero Rafael Mur fue asesinado en la calle Mayor y en la calle de la Cuchillería el librero Domingo Pardo, muy cercano a ambientes clericales. Después, en el convento de la Victoria encontraron la muerte cinco frailes e hirieron al predicador Faustino Garroverea, prendiendo fuego al convento. Más tarde se dirigieron al convento de San Diego, de franciscanos, donde acabaron con la vida de cuatro frailes y el portero. Finalmente, un lego que salió a avisar de los hechos al capitán general, Manuel Casajús, fue tiroteado en la calle por la milicia y también murió.

A partir del verano de 1822, Zaragoza vive en un constante estado de tensión a causa de la amenaza de las partidas realistas que infestan todo el territorio aragonés. La continua necesidad de tropas en otros lugares hace que el orden público de la ciudad quedara en manos de los milicianos nacionales, es decir, de civiles armados que se encuadran en milicias bajo las órdenes de la autoridad municipal. Al final de la tarde del 28 de julio, una patrulla de milicianos que acababa de terminar la retreta, siguió al capellán del Portillo Pascual Ranz y llegando al arco de San Roque se lanzó sobre él con sus sables causándole la muerte. Al año siguiente, cuando se restableció el orden absolutista, dentro de un amplio plan de recuperación de la memoria de los que habían dado su vida por el altar y el trono, se inauguró una placa en el Coso en homenaje del clérigo asesinato.