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Al llegar el verano, el ambiente anticlerical de abril de 1835 [CONECTAR CON HIPERVINCULO CON LA FICHA 27] no se había extinguido. Tras la represión de un movimiento republicano que llegó al cadalso al teniente Blas Pover se produjo un motín de signo contrario que desató toda su violencia contra elementos clericales. A la salida de misa, el 5 de julio, fue asesinado un empleado de correos, Juan Ortiz de Urbina. Por la tarde el orden se alteró y un grupo de milicianos urbanos y paisanos asaltaron el convento de Santo Domingo, matando a un fraile y saqueando el convento antes de prender fuego al edificio. Otro grupo asaltó el convento de San Agustín y asesinaron a cinco frailes. Finalmente se produjo el asalto del convento de San Lázaro, al otro lado del Ebro donde perdieron la vida tres frailes y un seglar, ayudante de cocina, y el del colegio de la Trinidad, donde murió un fraile.

En el contexto de la Regencia de María Cristina y con la guerra carlista de fondo, un batallón de milicianos se sublevó en Zaragoza el 3 de abril de 1835 poniendo al arzobispo en el punto de mira. Frustrado el asalto al palacio episcopal la violencia se extendió por la ciudad produciéndose algunos asesinatos y el asalto a varios conventos. Mataron en la calle del Cisne, junto a la Seo, al canónigo D. José Antonio Marco que salía del palacio arzobispal. El presbítero Rafael Mur fue asesinado en la calle Mayor y en la calle de la Cuchillería el librero Domingo Pardo, muy cercano a ambientes clericales. Después, en el convento de la Victoria encontraron la muerte cinco frailes e hirieron al predicador Faustino Garroverea, prendiendo fuego al convento. Más tarde se dirigieron al convento de San Diego, de franciscanos, donde acabaron con la vida de cuatro frailes y el portero. Finalmente, un lego que salió a avisar de los hechos al capitán general, Manuel Casajús, fue tiroteado en la calle por la milicia y también murió.

A partir del verano de 1822, Zaragoza vive en un constante estado de tensión a causa de la amenaza de las partidas realistas que infestan todo el territorio aragonés. La continua necesidad de tropas en otros lugares hace que el orden público de la ciudad quedara en manos de los milicianos nacionales, es decir, de civiles armados que se encuadran en milicias bajo las órdenes de la autoridad municipal. Al final de la tarde del 28 de julio, una patrulla de milicianos que acababa de terminar la retreta, siguió al capellán del Portillo Pascual Ranz y llegando al arco de San Roque se lanzó sobre él con sus sables causándole la muerte. Al año siguiente, cuando se restableció el orden absolutista, dentro de un amplio plan de recuperación de la memoria de los que habían dado su vida por el altar y el trono, se inauguró una placa en el Coso en homenaje del clérigo asesinato.

En 1749 se trató de exterminar toda la población gitana de España. Por orden del marqués de Ensenada, entre 9000 y 12.000 gitanos y gitanas fueron detenidos y separados por sexo para impedir su reproducción y conseguir con ello su extinción. El proyecto contó con la legitimación del obispo de Oviedo y el apoyo del nuncio que impidió que los gitanos se pudieran acoger a sagrado y buscar refugio en las iglesias para evitar que las autoridades los detuvieran. En la Real Casa de Misericordia estuvieron detenidas 821 mujeres por su condición de gitanas.

El 29 de mayo de 1610, Gastón de Moncada, marqués de Aitona y virrey de Aragón, hacía público en Zaragoza el decreto de expulsión de los moriscos del reino ordenado por Felipe III. El edicto justificaba la medida en los crímenes de lesa majestad humana y de lesa majestad divina cometidos por los cristianos nuevos en tanto que enemigos de la religión católica y conspiraciones contra de la Corona. Cumpliendo esta medida, entre los meses de junio y agosto de 1610 fueron deportados en torno a 60.000 aragoneses, divididos en tres trayectos principales de salida de España: Roncesvalles (Navarra), Canfranc (Huesca) y Los Alfaques (Tarragona). La mayoría de ellos recalaron, tras múltiples padecimientos en los trayectos y embarques, en el norte de África. Como consecuencia, la minoría fue borrada definitivamente del mapa, generando una pérdida demográfica que agudizó la crisis del siglo XVII, especialmente en Aragón.